Dentro de su discurso ha manifestado en repetidas ocasiones y ante diversos foros, los tres pilares de su gobierno sobre los cuales se fijarán sus bases: (i) implementación de un plan de austeridad en la administración pública federal; (ii) no aumento de impuestos; y, (ii) combate a la corrupción, problemática respecto de la cual ha enfatizado que le cuesta a México el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto.

Comentarios

Con independencia que el porcentaje del 9% sea real o no, es evidente que la corrupción le ha costado mucho a nuestro país, sin embargo, ante una inminente política fiscal que se caracterizará por la ausencia en el aumento de impuestos, resulta inconcuso que el combate a la corrupción será un instrumento fundamental para que el nuevo gobierno federal pueda allegarse de los recursos indispensables para poder hacer frente a sus obligaciones, entre ellas, a las diversas políticas sociales y de auspicio anunciadas por el Presidente electo.

El orden jurídico federal tendiente a prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción establece como sanciones para una persona moral, montos equivalentes de hasta dos veces los beneficios indebidamente obtenidos, o en su defecto la cantidad de $80,600.00 y hasta $120’900,000.00, e incluso, la suspensión de actividades o hasta su disolución.

Recomendaciones

Resulta muy importante revisar y analizar que dentro del gobierno corporativo de cualquier empresa existan políticas, mecanismos y herramientas de integridad en materia de anticorrupción, con el objeto de que cuenten con las mejores prácticas en dicha materia, pues además resultarán ser una atenuante de una posible sanción.

Estamos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

CDMX a, 12 de julio de 2018